¿Se imagina usted un país en que suceda
lo que aconteció en Tlatlaya e Iguala?
Los recientes casos de Tlatlaya, estado de México y de Ayotzinapa e Iguala, Guerrero,
nos muestran que el sexenio del carnicero Felipe Calderón Hinojosa, el hijo desobediente, aún está vigente. Se mata a un delincuente y como daño colateral se asesinan a 20 ó 43 inocentes. México es, nos guste o no, un país de leyes pisoteadas y de instituciones mancilladas por los que nos gobiernan. El problema radica en que quienes nos gobiernan, priístas o panistas, nos tienen en muy baja estima, suponen que somos estúpidos,
imbéciles y presas de la mansedumbre. ¿Está usted de acuerdo con esa apreciación? |
Augusto Hugo Peña Delgadillo
¿Qué pensaría usted si a alguno de sus hijos al salir de la escuela o de su trabajo, los compañeros lo invitan a manifestarse en contra de un sistema educativo o de un gobierno claramente injusto y, de repente, en medio de la manifestación tumultuaria se les aparecen unos soldados marcándoles alto y los manifestantes -con razón o sin ella- se rinden; luego, los soldados los llevan a una bodega cercana y ahí los hacen desnudarse y posteriormente les disparan indiscriminadamente, fusilándolos prácticamente? Imagine, por supuesto, que ese familiar suyo estaba entre los ejecutados sumariamente. ¿En qué país cree que sucedería tal barbaridad: en Haití en época de Francois Duvalier, en Chile con Augusto Pinochet de presidente o en Israel en donde el deporte favorito de los judíos es matar palestinos que están inconformes con la vida de perros que la judería les hace padecer? No, mi apreciable lector, esto sucede en México a finales del 2014.
En Tlatlaya, estado de México, sucedió lo anterior y apenas hay 8 soldados “presos para investigar el caso”. Este es el México gobernado por Peña Nieto, en el que el procurador es un libanés chaparrito que de procurar justicia sabe lo que yo de sumo pontífice. Por supuesto que el gobernador, priísta y amigo de Peña Nieto, se lava las manos y dice: “fue el ejército”, y los soldados dicen: “nos dieron las órdenes”, y los altos mandos castrenses dicen: “Qué barbaridad, esto no debe volver a suceder, hay que poner un remedio”. El remedio sería revivir a los 20 fusilados e indemnizar a las decenas de heridos injustamente y los 6 muertos, porque se les consideró delincuentes sin juicio alguno, ni previo ni a la postre del suceso. Sin vuelta atrás.
El caso macabro de Tlatlaya no es el peor escenario en México. En Iguala, Guerrero, a estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se les ocurrió manifestarse contra medidas tomadas por el gobierno federal en materia educativa. Medidas draconianas ideadas y echadas a andar al garete por el peor de los secretarios de estado que nos gobierna, Emilio Chuayffet Chemor, otro libanés, éste no es tan chaparrito, solo es gordote, lerdo y mal educado. La cuestión es que a alguien no le pareció la manifestación y movió sus influencias para que se hiciese algo al respecto, y se hizo: se les disparó a mansalva, cosa de seis murieron, una veintena de manifestantes fueron heridos y a 43 los subieron a las patrullas municipales y los llevaron a un paraje lejano a la vista de testigos donde se les disparó a mansalva también, y ya heridos unos y muertos otros, los rociaron con diesel, les echaron leña y les prendieron fuego. Este es nuestro México actual, el que “gobierna” Peña Nieto, apreciable lector.
Ahora todo el mundo, de la Patagonia a Alaska y de San Francisco a Hong Kong, lo mismo que de Luxemburgo a Bagdad, todo mundo los reclama con vida y nuestros gobiernos, todos y de todos los niveles afirman que “hacen lo posible porque estos -desaparecidos- aparezcan”, cuando ellos bien lo saben. ¿Quiénes son ellos y qué saben? El procurador Murillo Karam, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, el secretario de Gobernación Osorio Chong, el presidente Peña Nieto lo saben; la ONU lo sabe, el Parlamento Europeo lo sabe… saben que fueron subidos a patrullas municipales, llevados a un paraje lejano de testigos incómodos, asesinados e incinerados. Posteriormente, supongo que sus restos fueron enterrados en fosas como las que alarmante y desastrosamente abundan en nuestro país, o bien, fueron “interrogados” por algún experto que recibió instrucciones de otro más experto venido de Israel. Pero quienes no lo saben, son los familiares de los estudiantes, los que serían maestros rurales en caso de que el Estado Mexicano no los hubiese eliminado de la lista de gente con vida. Y todo ¡válgame Dios! Solo por no estar de acuerdo con las reformas educativas emprendidas por Emilio Chuayffet Chemor y el presidente Peña Nieto. ¡Ah!... pero nuestro gobierno pretende resolver este problema y zanjar con la sociedad mexicana, a la que considera estúpida, con la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero. ¿Y los muertos quién los repone, y las leyes quién las remienda y a la violación constitucional quién? O, ¿usted qué opina, apreciable lector?
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